Una firma jurídica internacional denunció en Estados Unidos que el sistema de Justicia de la República Dominicana está totalmente subordinado a los intereses de un sector político controlado por el ex presidente Leonel Fernández, en abierta connivencia con el líder del sector minoritario del Partido Revolucionario Dominicano, Miguel Vargas Maldonado, asegurando que la decisión del Tribunal Constitucional en el caso de la doctora Geanilda Vázquez confirma que ese órgano actúa por encargo de un poder extrajudicial.
“La independencia del poder judicial es uno de los pilares fundamentales de todo Estado de Derecho, y el presupuesto básico para que puedan aplicarse las garantías consignadas en la Convención Americana sobre Derechos Humanos.
En República Dominicana hoy día, la mayor amenaza a la institucionalidad democrática es la influencia del PLD sobre los altos tribunales del país, a los que ha convertido en un instrumento de sus estrategias politico-electorales”, expresa un comunicado de prensa emitido en la capital norteamericana por los abogados Jaime Aparicio y Bjorn Arp, de la firma Aparicio, Arp & Asociados, de Washington.
