Un funcionario impulsivo

Jimmy García Saviñon

El ministro de Energía y Minas, Dr. Antonio Isa Conde, ha sido siempre un funcionario impulsivo cuyas reacciones emocionales han puesto en problemas a dos gobiernos, ambos del Partido de la Liberación Dominicana.

Don Antonio acusa ahora al candidato presidencial de la oposición, y probablemente el próximo presidente del país, Luis Abinader, de “querer mutilar un parque en beneficio de una empresa familiar”. Hasta ahí, cualquiera que no conozca mínimamente de que habla el ministro diría que el funcionario defiende al Estado, pero no es así y Don Antonio lo sabe, la empresa familiar de los Abinader esta instalada en la zona mencionada por el ministro de Energía y Minas desde 1999 y parte de esa zona fue declarada parque nacional en 2009, 10 años después, entonces el ministro distorsiona y falsea la verdad, pues en 1999 la zona donde esta instalada la empresa de los Abinader no estaba bajo la protección que le da una declaratoria de parque nacional.



Lo que el ministro ha hecho con la familia Abinader es un abuso de poder, y lo hace porque un miembro de esa distinguida familia es el candidato presidencial de la oposición y con amplias posibilidades de desplazar del poder al gobierno al cual sirve el ministro Isa Conde. Pero no es la primera vez que Don Antonio actúa de esa manera irracional, ya en 1997, siendo director del Consejo Estatal del Azúcaractuó de manera similar ocasionándole tremendo problema al nuevo gobierno de Leonel Fernandez.

Resulta que Don Antonio se presento un día a una reunión del consejo de directores del CEA con una denuncia contra Carlos Morales Troncoso, ex vicepresidente de la Republica y ex director del CEA, acusándolo prácticamente de haber introducido de contrabando al país equipos para el corte mecanizado de la caña. Yo, que había sido colaborador cercano del ex vicepresidente, así como Don Roberto Saladin, en ese momento miembros del consejo del CEA, tratamos de minimizar la denuncia de Isa Conde pues todo aquel que haya sido funcionario del Estado y mas con Joaquín Balaguer, sabe que las cosas no son tan simples como lo denunciaba Isa Conde.

Pues bien, el Dr. Isa cedió a su impulso y ordeno al general Pedro Candelier, en ese entonces funcionario del CEA a incautar los equipos que el suponía habían sido introducidos de manera ilegal al país y que trabajaban para el Consejo Estatal del Azúcar en la cosecha y transporte de la caña. Al estallar el escandalo recibí una llamada del Ing. Morales Troncoso, de quien estaba ya un poco alejado, y quien pidió verme para demostrarme que lo dicho y hecho por Isa Conde no tenia justificación. Recibí gustosamente a Morales Troncoso quien me llevo un legajo de documentos que avalaban la operación de la empresa Vanguard Dominicana, entre ellos contratos, actas del consejo del CEA aprobando la operación y los contratos, poder del presidente Balaguer entre otros documentos.

Resulta ser, que debido a la crisis haitiana por el derrocamiento de Jean Bertrand Aristide la afluencia de picadores de caña fue muy pobre y el CEA tuvo que buscar alternativas para el corte y traslado de la caña de los campos a los molinos de los ingenios, la solución fue contratar una empresa norteamericana con sede en la Florida para que trajera cortadoras de caña y sus equipos complementarios, todo documentado y con las autorizaciones de lugar, algo que negaba Isa Conde, que se entero de la existencia de esa empresa y del papel que jugaba cuando se cambiaron las chapas oficiales de los vehículos y se entero que esos equipos tenían asignadas placas oficiales del CEA sin ser propiedad de esa institución, ya que su estatus legal era internamiento temporal pero necesitaban placas para poder circular por las carreteras.

Como el Dr. Isa ordeno la incautación de los equipos a una empresa dominicana pero subsidiaria de una norteamericana, el dueño de la misma, Don Osvaldo Padrón acudió al auxilio de su embajada. Yo recibí en mi oficina del Instituto Azucarero Dominicano al señor Padrón y a un funcionario de la embajada de los Estados Unidos y mas tarde entere del problema al presidente Leonel Fernandez, quien se molesto bastante y llamo al Procurador General de la Republica Abel Rodríguez del Orbe para que solucionara el problema creado por el ímpetu del entonces director del Consejo Estatal del Azúcar.

El resultado fue que hubo que devolver los equipos, pedir excusas y pagar algunos que habían dañado, porque en el ínterin los siguieron usando. Eso demuestra que cuando el ímpetu y el deseo de querer dañar a alguien coinciden en un funcionario publico, el gobierno de turno tiene un problema entre manos que solo se puede solucionar destituyendo al responsable, lógicamente esta no será la solución de este gobierno pues las manos del jefe del Estado están detrás de esta acción irresponsable.