PUERTO PLATA, República Dominicana.- Las asociaciones empresariales turísticas de Cabarete y Sosúa solicitaron al procurador General de la República que apele la decisión del Tribunal Colegiado de Puerto Plata que descargó a Gabriel Mora (Canoa) y a Eddy Morfe de la acusación de malversación de $189 millones mientras dirigieron la Junta Distrital de Cabarete.
En la audiencia del pasado lunes 21 de agosto la corte encabezada por las juezas Rosa Francia Liriano, Irina Ventura y Venecia Rojas, falló en favor de los imputados argumentando que la Procuraduría General de la República no había presentado pruebas suficientes para declarar culpable a los imputados.
Los presidentes de la Asociación para el Desarrollo de Cabarete (ADECA), Michel Gay-Crossier; de la Asociación de Hoteles de Sosúa y Cabarete (ASHORESOCA), Tomas Callender; y de la Asociación para el Desarrollo Sostenible de Sosúa, Andrés Gustavo Pastoriza, pidieron además, que el proceso de apelación sea llevado a una corte fuera de Puerto Plata, “donde los jueces históricamente han actuado de manera benevolente con el ex director municipal de Cabarete”.
La declaración señala que durante todo el proceso fue evidente el trato complaciente, tanto en el juicio preliminar como en el de fondo, con la aceptación de reenvíos provocados por excusas sin fundamento, desde la declaración de insolvencia de Canoa que canceló sus abogados por no tener recursos para pagarlos, pasando por los certificados de enfermedad que Canoa y Morfe presentaron en turnos sucesivos, hasta el último reenvío por el alegato del abogado de Canoa de que le dolía la cabeza.
Además, explican, ha creado dudas e incertidumbre el que desde junio pasado los defensores y amigos de Canoa y Morfe aseguraban en público que el descargo de ambos imputados estaba “arreglado” y quedarían libres por insuficiencias de prueba y fallas graves en la acusación.
Pastoriza, Gay-Crossier y Callender señalan al Procurador, Francisco Domínguez Brito, que aceptar tal decisión y no apelar sacando el proceso de Puerto Plata, sería una señal negativa, y dar la razón a quienes afirman que en República Dominicana es inútil enfrentar la corrupción y la malversación de los recursos públicos.
Historial de querellas
La acusación contra Canoa y Morfe fue firmada por el procurador general Francisco Dominguez Brito y presentada en febrero del 2013, pero el proceso ha sido llevado lentamente, como todos los casos en que Canoa ha sido sometido a los tribunales desde el 2008 cuando fue arrestado por causar graves daños a la Laguna de Cabarete (área protegida) delito en el que fue sorprendido por las autoridades.
Canoa, además, enfrenta varios procesos y querellas de carácter penal, por ataque a tiros contra un taxista, por la venta de un solar propiedad del Ministerio de Medio Ambiente, por emitir irregularmente y cobrar cheques hechos a nombre de la actual directora municipal de Cabarete Raquel Sierra cuando era vicedirectora, por falsificar el libro de actas del Distrito Municipal y por emitir irregularmente y cobrar chetes hechos a nombre de Ivan Francisco de la Cruz.
La audiencia preliminar por la querella del Procurador General fue reenviada en 4 ocasiones. El 21 de mayo del 2013 Morfe presentó un certificado médico; el 5 de julio Canoa declaró que no tenía dinero para pagar su abogado a pesar de que antes había presentado una declaración al tribunal con propiedades millonarias para evadir medidas de coerción, el 23 de agosto su abogado alegó que no había sido notificado regularmente y el 08 de octubre Canoa se declaró interno en la Clínica Brugal.
La voz cantante en la denuncia contra Canoa y Morfe y la corrupción en la Junta Distrital de Cabarete la ha llevado la Asociación para el Desarrollo de Cabarete (ADECA), que sólo ha recibido apoyo público de la Asociación de Hoteles y Turismo de la República Dominicana (ASONAHORES) en dos oportunidades.
Las auditorias
La primera auditoria de la Cámara de Cuenta se publicó en el 2005 y ADECA y sus dirigentes han iniciado varios procesos contra Canoa pero sin que estos avancen en los tribunales de Puerto Plata. La segunda auditoría se hizo para el período 2004-2010 y encontró uso ilegal de $112 millones. La Procuraduría General profundizó la investigación y presentó una querella por US$189 millones.
La Procuraduría lo acusa de ser autor de los crímenes de prevaricación, desfalco y asociación de malhechores, previstos por los artículos 166, 167, 169, 170, 171, 172, 265 y 266 del Código Penal Dominicano, Ley No. 176-07 sobre Organización municipal y la Constitución de la República Dominicana.
Tomado de acento.com.do
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