La cúpula del Partido Revolucionario Dominicano (PRD) se ha ocupado de
eliminar cualquier dejo de sorpresa en su rebatiña sobre la crisis interna. Pero
aun así, no deja de asombrar la vuelta de tuerca que representa la intervención
solicitada por el presidente de la organización nada menos que al Presidente de
la República para garantizar la seguridad durante la conflictiva reunión del
Comité Ejecutivo Nacional (CEN).
Tras fracasar en un recurso de amparo elevado ante el muy consecuente Tribunal Superior Electoral (TSE), Miguel Vargas Maldonado ha abjurado de la institucionalidad con tal de no darse por vencido. Es lo que plantea su cuestionada apelación al presidente Danilo Medina para que le conceda la fuerza pública a fin de garantizar la seguridad y el orden en una reunión en la que de antemano procura imponer sus puntos de vista.
Con el aval de ese tribunal que también lo obligó a suministrar la relación de los miembros del CEN, en función de la convención de 2009, Vargas Maldonado ha optado por enrocarse antes que propiciar un debate sobre la crisis del perredeísmo. Y desaciertos como el que acaba de incurrir con la petición al Presidente de la República lo confirman como autócrata e incapaz de someterse al libre juego de las ideas, actitudes que, por demás, entran en conflicto con el sistema político dominicano, consagrado por la Constitución como democrático y representativo.
Tal vez sin proponérselo e incluso al margen del concepto sobre sus adversarios, el también exministro de Obras Públicas, ha dado lugar a que se piense que, más que un partido político, el PRD es un botín cuya propiedad hay que defender a toda costa. Por más obvia que sea la tensión y pesar de la violencia que haya alcanzado la lucha interna, no se concibe ni la solicitud ni los términos para justificar la fuerza pública durante una reunión que no ha sido convocada al aire libre.
En una comunicación al jefe del Estado con fecha de 9 de este mes, Vargas Maldonado dice “esperamos de su celo como presidente de la República para custodiar los mismos valores que usted defiende de manera consuetudinaria, en esta ocasión haciendo sin parcialidades, sin intromisiones, únicamente como centinela de una democracia que no puede estar a expensas del chantaje, ni de las amenazas de ningún grupo o facción”. En todo caso, no es el gobernante, sino él como presidente del PRD quien debe garantizar esos postulados.
Hay que dar por descontado que el Presidente no obtemperará la solicitud de Vargas Maldonado, porque sería inmiscuirse en asuntos internos de un partido político, y por demás a favor de un grupo, sin importar que sea el institucional. En el contexto de la crisis del PRD tiene también que discernirse entre lo legal y lo legítimo, elementos ambos que entran en juego en una rebatiña con ribetes más personales que programáticos o ideológicos.
Tras fracasar en un recurso de amparo elevado ante el muy consecuente Tribunal Superior Electoral (TSE), Miguel Vargas Maldonado ha abjurado de la institucionalidad con tal de no darse por vencido. Es lo que plantea su cuestionada apelación al presidente Danilo Medina para que le conceda la fuerza pública a fin de garantizar la seguridad y el orden en una reunión en la que de antemano procura imponer sus puntos de vista.
Con el aval de ese tribunal que también lo obligó a suministrar la relación de los miembros del CEN, en función de la convención de 2009, Vargas Maldonado ha optado por enrocarse antes que propiciar un debate sobre la crisis del perredeísmo. Y desaciertos como el que acaba de incurrir con la petición al Presidente de la República lo confirman como autócrata e incapaz de someterse al libre juego de las ideas, actitudes que, por demás, entran en conflicto con el sistema político dominicano, consagrado por la Constitución como democrático y representativo.
Tal vez sin proponérselo e incluso al margen del concepto sobre sus adversarios, el también exministro de Obras Públicas, ha dado lugar a que se piense que, más que un partido político, el PRD es un botín cuya propiedad hay que defender a toda costa. Por más obvia que sea la tensión y pesar de la violencia que haya alcanzado la lucha interna, no se concibe ni la solicitud ni los términos para justificar la fuerza pública durante una reunión que no ha sido convocada al aire libre.
En una comunicación al jefe del Estado con fecha de 9 de este mes, Vargas Maldonado dice “esperamos de su celo como presidente de la República para custodiar los mismos valores que usted defiende de manera consuetudinaria, en esta ocasión haciendo sin parcialidades, sin intromisiones, únicamente como centinela de una democracia que no puede estar a expensas del chantaje, ni de las amenazas de ningún grupo o facción”. En todo caso, no es el gobernante, sino él como presidente del PRD quien debe garantizar esos postulados.
Hay que dar por descontado que el Presidente no obtemperará la solicitud de Vargas Maldonado, porque sería inmiscuirse en asuntos internos de un partido político, y por demás a favor de un grupo, sin importar que sea el institucional. En el contexto de la crisis del PRD tiene también que discernirse entre lo legal y lo legítimo, elementos ambos que entran en juego en una rebatiña con ribetes más personales que programáticos o ideológicos.
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