La Sentencia 168/13 del Tribunal Constitucional tiene varios usos políticos, y uno muy importante es reducir la masa votante. Este era el único objetivo que le faltaba alcanzar al PLD y aliados para facilitar futuros triunfos electorales. Veamos.
Para durar 30 años más en el poder como aspira el PLD, según palabras de su presidente Leonel Fernández (quizás sean 300 al paso que van), necesitaban alcanzar cuatro objetivos básicos: 1) control de todos los poderes del Estado, 2) debilitamiento de la oposición partidaria, 3) expansión del Estado clientelar, y 4) eliminación de un segmento del electorado para reducir el costo clientelar.
Primero, ya el PLD controla todo el Estado Dominicano: el Poder Ejecutivo desde 2004, el Poder Legislativo desde 2006, y el Poder Judicial desde 2010 con la reforma constitucional.
Segundo, ya se produjo el debilitamiento de la oposición partidaria con la división del PRD. Miguel Vargas es la punta de lanza y el resto del partido carece de visión política para reorganizarse. Divididos no volverán al poder.
Tercero, ya el PLD expandió los tentáculos clientelares a todas las instancias públicas, estratos sociales y espacios geográficos.
En once años de gobierno ininterrumpidos, se ha producido el enriquecimiento de la estructura de dirigentes políticos. La empleomanía estatal ha aumentado en todos los niveles. Hay 35 jueces en las llamadas Altas Cortes, cuando en cualquier país institucionalizado la mitad haría el trabajo. Hay 22 ministerios, la mitad innecesaria. Ni hablar de la cantidad de empleados y botellas. Y el presupuesto nacional se ha multiplicado.
La expansión del Programa Solidaridad no tiene precedentes. República Dominicana es el país de América Latina con mayor proporción de hogares que reciben transferencias directas del gobierno. Aproximadamente 30% de los hogares dominicanos tiene tarjeta de solidaridad, que proveen subsidios migajas y no sacan a nadie de la pobreza, pero sí desarrollan lealtades clientelares. La mentalidad de los beneficiarios es: más vale algo que nada, y hay una cola esperando.
Cuarto, al PLD sólo le faltaba reducir la masa votante para reducir el costo clientelar de las elecciones. Los dominicanos de ascendencia haitiana eran la presa fácil.
El efecto cruel inmediato de la Sentencia 168/13 será mantenerlos en zozobra y marginados. Niños y jóvenes que no podrán estudiar porque no tienen actas de nacimiento, profesionales que no podrán ejercer y hacer transacciones civiles porque no tendrán cédula, dificultad para encontrar un trabajo o abrir una cuenta bancaria, etc., etc.
Para los arquitectos de la Sentencia 168/13 (jueces y no jueces), el beneficio inmediato será que esa población no podrá votar. Se estima que hay unos 250 mil, o quizás más. Sin derecho al voto esta gente no recibirá ni siquiera migajas porque el Estado clientelar no necesita su adhesión política.
Atención pueblo dominicano: si ya preparan la fiesta para celebrar el fin de la invasión haitiana, no se emborrachen. El gobierno dominicano seguirá permitiendo la migración ilegal haitiana y en los pueblos y campos seguirán presentes los haitianos. Es la mano de obra barata que da grandes ganancias a empresarios y al Estado.
El reperpero seudo-nacionalista auspiciado por el gobierno y aliados no busca sacarlos. Si así fuera, los empresarios agrícolas y de la construcción estuvieran ya protestando.
Desnacionalizar los dominicanos de ascendencia haitiana tiene como objetivo inmediato sacarlos del registro electoral para que no puedan votar, y para eso tenían que sacarlos del registro civil, y para eso, el Tribunal Constitucional hizo vericuetos jurídicos hasta llegar a 1929. Los mataron electoralmente a todos de un porrazo, haciendo legal lo ilegal. He aquí el nuevo orden constitucional dominicano.
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