La AEIH se sumó al llamado para apoyar las acciones del Ministerio Público y del sistema judicial tendentes a investigar y juzgar, siguiendo el debido proceso, los actos de presunta corrupción administrativa.
Al suscribir el planteamiento hecho por el Consejo Nacional de la Empresa Privada (Conep), el presidente de la AEIH, Víctor Castro, indicó que estos procesos deben desarrollarse bajo el rigor de las leyes, el respeto al principio de presunción de inocencia y del derecho a la defensa de todo imputado.
Castro sostuvo que la persecución de la corrupción no admite excepciones y que el castigo, siempre conforme con las leyes, debe ser para corruptos y corruptores, muchos de los cuales están fuera de las esferas administrativas estatales y se cobijan bajo sombrillas corporativas.
El dirigente empresarial reiteró sus declaraciones de la pasada semana en el sentido de que en el país no habrá desarrollo ni inclusión social hasta que la corrupción administrativa no sea doblegada, aplicando un sistema de consecuencia que la castigue con drasticidad.
Dijo que la sociedad debe presionar por el combate a la corrupción y no tolerar a grupos de interés que con subterfugios y tecnicismos “buscan redimir a quienes asaltan el Erario” y, al propio tiempo, tratar de desautorizar al Ministerio Público.
“Es penoso observar como en diferentes circunstancias en que surgen acusaciones de corrupción se pretende anteponer la excusa de la persecución política para eludir los tribunales y evitar que los procesos se ventilen bajo los designios de la ley”, expuso el dirigente empresarial.
Tras señalar que la corrupción ha implicado un alto costo para el país, dijo que este fenómeno está vinculado al hecho de que el alto crecimiento económico de los últimos años no sea compartido por todos los dominicanos, la mayoría de los cuales viven en pobreza.
“El Presupuesto Nacional es una de las vías que tiene el Gobierno para la redistribución de la riqueza y si una parte del mismo se queda en las manos de políticos corruptos, será siempre difícil emprender las tareas del desarrollo”, precisó.
En ese contexto, el dirigente empresarial manifestó que el problema de la corrupción no es solo moral, sino que debilita las finanzas públicas, bloquea la inclusión social y repercute negativamente en los programas de inversión del Estado.
Bajo esos criterios, el presidente de la AEIH demandó de la población respaldo masivo al combate a la corrupción y al castigo a quienes sustraen fondos públicos.
“Robar recursos del Estado equivale a impedir que haya medicinas y atenciones en los hospitales, inversión social para superar la pobreza, disposición de fondos para contar con mejores servicios y calidad de vida”, apuntó.
Llamó a los dominicanos a cerrar fila contra el clientelismo en la administración del Estado porque, desde su punto de vista, este es el mayor caldo de cultivo para la corrupción.
Tomado de acento.com.do
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