Pendiente de ver hasta dónde llegan las protestas por el paquete tributario y
sus rendimientos y consecuencias, el Gobierno enfrenta una difícil negociación
con el Fondo Monetario Internacional que implica ahora un choque
eléctrico
Pocas veces un gobierno había comenzado con una situación económica tan
difícil como la que enfrenta el presidente Danilo Medina, quien acabando de
aprobar una traumática reforma tributaria se enfrenta de inmediato a una difícil
negociación con el Fondo Monetario Internacional (FMI) que implica un choque de
tarifa energética.
Sin poder responsabilizar al Gobierno anterior, ni pedir excusa por el desastre heredado, ni reducir significativamente el dispendio, el nuevo régimen puede quedar atrapado en un círculo vicioso: caída de la actividad económica que neutralice los mayores tributos y más endeudamiento para mantener la ficción del crecimiento.
Una imposición devastadora. A toda máquina, sin medir implicaciones que no sean apurar el trago amargo de un solo tirón, la Cámara de Diputados completó la aceleración que se inició con el desplante al Consejo Económico y Social y pasó por el Senado, sin siquiera cumplir el ritual de la segunda lectura del proyecto de reformas tributarias para reducir el oficio a unos cinco minutos.
Voceros y comentaristas alquilados celebraban con insistencia la poca magnitud de los protestantes ante el Congreso Nacional, en el perímetro de la Universidad Autónoma y en comunidades calientes del interior del país, sin calibrar la profundidad del descontento y la frustración de los sectores empresariales, organizaciones sociales y clases medias que no se manifiestan en las calles pero influyen sobremanera en el rumbo político-social del país.
La semana se cerró con un incremento de las manifestaciones y nuevas convocatorias de protestas para hoy domingo y días sucesivos, con el deplorable asesinato del universitario Willy Florián Ramírez. Se clamaba no sólo contra el paquete tributario, sino que maestros salieron a reclamar reajuste salarial, los jueces organizados marcharon contra la destitución de dos colegas, estudiantes fueron al Palacio Nacional a exigir mayor financiamiento a la Universidad estatal y en pueblos y barrios se protestaba la falta de agua y electricidad. En Villa Estela, Barahona, la profesora Angela Moquete quedó gravemente baleada por la Policía cuando pedía agua. Luego falleció.
La indignación general por el desproporcionado déficit presupuestario llegó con velas nocturnas portadas por jóvenes de clases medias hasta el perímetro de la Fundación Global del expresidente Leonel Fernández, blanco de todas las críticas y acusaciones, mientras el partido Alianza País que preside el reputado jurista Guillermo Moreno formalizaba una solicitud para que el Procurador General investigue las responsabilidades del líder del partido oficial y de los dos ministros que manejaron la mayoría de las construcciones, los ingenieros Félix Bautista y Víctor Díaz Rúa.
Pendiente el choque eléctrico. Hasta los economistas más optimistas, que ahora son pocos, convienen que aún con un rendimiento óptimo del paquete tributario, con el escaso margen político mostrado por el Gobierno para recortar el dispendio, y dados los mayores compromisos de pago de deudas y de inversión en educación, el déficit presupuestario se proyecta para el próximo año en un nivel sobre el 3 por ciento del producto bruto interno, por lo menos 70 mil millones de pesos.
Para lograr un acuerdo con el FMI, el Gobierno tendría que producir una elevación de la tarifa energética. El persistente déficit fiscal y la renuencia a aumentar el costo de la electricidad fueron los factores determinantes de la interrupción del acuerdo con el organismo en la segunda mitad del año pasado.
En los documentos públicos del Fondo quedó constancia. Por ejemplo en la carta del entonces jefe de la misión para República Dominicana, Alejandro Santos, del 19 de octubre del 2011, se pedía un esfuerzo adicional “para asegurar esa estabilidad en un momento complicado”. Señaló que la reforma del sector eléctrico “ha sido el tema más complicado”, identificando dos metas “críticas desde el punto de vista macroeconómico: adopción por ley de la tarifa técnica en el sector eléctrico, e introducción por ley de un mecanismo de flexibilización de la tarifa eléctrica”.
Santos recordaba que ya en julio el Gobierno había presentado una nueva carta de intención comprometiéndose a esos ajustes, razón por la que los directores del FMI aprobaron continuar el acuerdo, reiterando que era imprescindible “un ajuste substantivo” antes de volver al directorio. Cuantificó el ajuste en 18 por ciento y propuso un 9 de inmediato y prorratear la otra mitad en seis meses. El Gobierno prefirió dejar morir un acuerdo que le había proporcionado más de mil 500 millones de dólares.
Es obvio que el FMI tomará en cuenta que hay un nuevo Gobierno, pero hasta el ministro Montás reconoce que el choque eléctrico parece inevitable, sobre todo porque a final del año la deuda con los generadores y suplidores eléctricos, de la que también se ha quejado persistentemente el organismo, estará sobre los mil millones de dólares.
Tremendo círculo vicioso. En todos los análisis de los economistas y empresarios emerge la preocupación sobre la magnitud de las consecuencias del paquete impositivo y se teme que el Gobierno quede atrapado en el mismo círculo vicioso en que cayó su antecesor: insatisfacción, protestas sociales, repartos para amortiguar el descontento y comprar fidelidades y silencios, y endeudamiento para sostener el crecimiento económico, mientras se acentúan las dificultades competitivas, y los déficits fiscales y de balanza de pago prosiguen debilitando la sostenibilidad económica.
En otras palabras, se ha sostenido un crecimiento sacándole dinero a la población, y casi triplicando la deuda pública en ocho años, mientras se elevaba en 70 por ciento la nómina estatal en los últimos cinco años, incluyendo los pensionados. El presupuesto nacional de 121 mil millones de pesos en el 2004, creció 150 por ciento al 2008, para triplicarse a 378 mil millones en el 2010 y pasar de 500 mil millones en este 2012, aunque sólo se presupuestó 430 mil millones de pesos. Con más de 400 mil millones de pesos en déficits acumulados en los últimos cinco años.
Las consecuencias del paquete tributario y el incremento de la tarifa eléctrica permitirían al Gobierno mantener la estabilidad y algún crecimiento económico, pero generaría mayores dificultades para los sectores productivos, para las pequeñas y medianas empresas, con el consiguiente desempleo y conflictos sociales. Para conjurarlos proseguiría el costoso clientelismo político que ha sido muy rentable.
En el medio de este panorama está la frustración de promesas y compromisos de que esta vez no habría simple parche tributario, sino un pacto fiscal integral para romper el círculo vicioso y establecer un nuevo modelo económico como reclamaron todos los eventos y documentos empresariales de los últimos años, lo mismo los celebrados informes de las consultorías a Harvard y Attalí, y la Estrategia Nacional de Desarrollo.
Por suerte para el Gobierno, la personalidad del presidente Danilo Medina, con algunas acertadas disposiciones de austeridad y mejor manejo administrativo, y la concentración de la indignación hacia el ex presidente Leonel Fernández, han amortiguado el desgaste. Pero cuando comiencen a sentirse los efectos del paquete tributario, repercutirán directamente hacia Medina y su Gobierno.
Para recuperar la perdida credibilidad en las instituciones estatales se requiere mucho más medidas que reduzcan el dispendio, en niveles que el sistema partidista y político no parece en capacidad de entender. No aceptan ni que les pidan cuentas. Todavía muchos creen que Danilo Medina quiere hacer “lo que nunca se ha hecho”, aunque cada vez se teme más que no pueda. Le urge dar algunos palos contundentes a los repartos, barrilitos, cofrecitos, exoneraciones, altos salarios y pensiones, y suprimir organismos inútiles. Ni tanto que queme al santo, ni tampoco que no lo alumbre.
La negociación con el FMI
Temprano de la semana el ministro de Economía Temístocles Montás reconoció por Teleantillas que el siguiente desafío del Gobierno es lograr un acuerdo con el FMI que le facilite acceso a nuevo financiamiento, como cuestión esencial para mantener la ya precaria sostenibilidad de la economía nacional, consciente de que el organismo reclama elevación de la tarifa eléctrica para reducir margen del déficit fiscal.
Una misión del FMI llegó el lunes para recibir informaciones preliminares sobre la forma en que el Gobierno pretende reducir el déficit fiscal que este año alcanza el nivel descomunal de los 187 mil millones de pesos y conocer del proyecto de presupuesto de ingresos y gastos del 2013, cuyo borrador sería presentado al presidente Medina la próxima semana, con expectativa de llevarlo al Congreso antes de diciembre.
Una vez que este instrumento sea aprobado por el Congreso, lo que sería tan rápido como el parche tributario, es cuando el Gobierno presentará una carta de intención para formalizar negociaciones con el organismo internacional, lo cual el ministro Montás estimó que ocurriría ya en enero.
Pero en medio del rechazo general al nuevo parche tributario que frustró las expectativas de un pacto fiscal integral, la tasa cambiara pasaba la barrera de los 40 pesos por dólar, incrementando incertidumbres y recordando la urgencia de recursos financieros para mantener la estabilidad. Se contempla colocar entre mil y mi1 500 millones de dólares en bonos soberanos, aunque el reconocido economista José Luis de Ramón dijo esta semana en un coloquio organizado por la Cámara Americana de Comercio que el mantenimiento del tipo de cambio demandaría el próximo año contratar entre dos y tres mil millones de dólares.
Sin poder responsabilizar al Gobierno anterior, ni pedir excusa por el desastre heredado, ni reducir significativamente el dispendio, el nuevo régimen puede quedar atrapado en un círculo vicioso: caída de la actividad económica que neutralice los mayores tributos y más endeudamiento para mantener la ficción del crecimiento.
Una imposición devastadora. A toda máquina, sin medir implicaciones que no sean apurar el trago amargo de un solo tirón, la Cámara de Diputados completó la aceleración que se inició con el desplante al Consejo Económico y Social y pasó por el Senado, sin siquiera cumplir el ritual de la segunda lectura del proyecto de reformas tributarias para reducir el oficio a unos cinco minutos.
Voceros y comentaristas alquilados celebraban con insistencia la poca magnitud de los protestantes ante el Congreso Nacional, en el perímetro de la Universidad Autónoma y en comunidades calientes del interior del país, sin calibrar la profundidad del descontento y la frustración de los sectores empresariales, organizaciones sociales y clases medias que no se manifiestan en las calles pero influyen sobremanera en el rumbo político-social del país.
La semana se cerró con un incremento de las manifestaciones y nuevas convocatorias de protestas para hoy domingo y días sucesivos, con el deplorable asesinato del universitario Willy Florián Ramírez. Se clamaba no sólo contra el paquete tributario, sino que maestros salieron a reclamar reajuste salarial, los jueces organizados marcharon contra la destitución de dos colegas, estudiantes fueron al Palacio Nacional a exigir mayor financiamiento a la Universidad estatal y en pueblos y barrios se protestaba la falta de agua y electricidad. En Villa Estela, Barahona, la profesora Angela Moquete quedó gravemente baleada por la Policía cuando pedía agua. Luego falleció.
La indignación general por el desproporcionado déficit presupuestario llegó con velas nocturnas portadas por jóvenes de clases medias hasta el perímetro de la Fundación Global del expresidente Leonel Fernández, blanco de todas las críticas y acusaciones, mientras el partido Alianza País que preside el reputado jurista Guillermo Moreno formalizaba una solicitud para que el Procurador General investigue las responsabilidades del líder del partido oficial y de los dos ministros que manejaron la mayoría de las construcciones, los ingenieros Félix Bautista y Víctor Díaz Rúa.
Pendiente el choque eléctrico. Hasta los economistas más optimistas, que ahora son pocos, convienen que aún con un rendimiento óptimo del paquete tributario, con el escaso margen político mostrado por el Gobierno para recortar el dispendio, y dados los mayores compromisos de pago de deudas y de inversión en educación, el déficit presupuestario se proyecta para el próximo año en un nivel sobre el 3 por ciento del producto bruto interno, por lo menos 70 mil millones de pesos.
Para lograr un acuerdo con el FMI, el Gobierno tendría que producir una elevación de la tarifa energética. El persistente déficit fiscal y la renuencia a aumentar el costo de la electricidad fueron los factores determinantes de la interrupción del acuerdo con el organismo en la segunda mitad del año pasado.
En los documentos públicos del Fondo quedó constancia. Por ejemplo en la carta del entonces jefe de la misión para República Dominicana, Alejandro Santos, del 19 de octubre del 2011, se pedía un esfuerzo adicional “para asegurar esa estabilidad en un momento complicado”. Señaló que la reforma del sector eléctrico “ha sido el tema más complicado”, identificando dos metas “críticas desde el punto de vista macroeconómico: adopción por ley de la tarifa técnica en el sector eléctrico, e introducción por ley de un mecanismo de flexibilización de la tarifa eléctrica”.
Santos recordaba que ya en julio el Gobierno había presentado una nueva carta de intención comprometiéndose a esos ajustes, razón por la que los directores del FMI aprobaron continuar el acuerdo, reiterando que era imprescindible “un ajuste substantivo” antes de volver al directorio. Cuantificó el ajuste en 18 por ciento y propuso un 9 de inmediato y prorratear la otra mitad en seis meses. El Gobierno prefirió dejar morir un acuerdo que le había proporcionado más de mil 500 millones de dólares.
Es obvio que el FMI tomará en cuenta que hay un nuevo Gobierno, pero hasta el ministro Montás reconoce que el choque eléctrico parece inevitable, sobre todo porque a final del año la deuda con los generadores y suplidores eléctricos, de la que también se ha quejado persistentemente el organismo, estará sobre los mil millones de dólares.
Tremendo círculo vicioso. En todos los análisis de los economistas y empresarios emerge la preocupación sobre la magnitud de las consecuencias del paquete impositivo y se teme que el Gobierno quede atrapado en el mismo círculo vicioso en que cayó su antecesor: insatisfacción, protestas sociales, repartos para amortiguar el descontento y comprar fidelidades y silencios, y endeudamiento para sostener el crecimiento económico, mientras se acentúan las dificultades competitivas, y los déficits fiscales y de balanza de pago prosiguen debilitando la sostenibilidad económica.
En otras palabras, se ha sostenido un crecimiento sacándole dinero a la población, y casi triplicando la deuda pública en ocho años, mientras se elevaba en 70 por ciento la nómina estatal en los últimos cinco años, incluyendo los pensionados. El presupuesto nacional de 121 mil millones de pesos en el 2004, creció 150 por ciento al 2008, para triplicarse a 378 mil millones en el 2010 y pasar de 500 mil millones en este 2012, aunque sólo se presupuestó 430 mil millones de pesos. Con más de 400 mil millones de pesos en déficits acumulados en los últimos cinco años.
Las consecuencias del paquete tributario y el incremento de la tarifa eléctrica permitirían al Gobierno mantener la estabilidad y algún crecimiento económico, pero generaría mayores dificultades para los sectores productivos, para las pequeñas y medianas empresas, con el consiguiente desempleo y conflictos sociales. Para conjurarlos proseguiría el costoso clientelismo político que ha sido muy rentable.
En el medio de este panorama está la frustración de promesas y compromisos de que esta vez no habría simple parche tributario, sino un pacto fiscal integral para romper el círculo vicioso y establecer un nuevo modelo económico como reclamaron todos los eventos y documentos empresariales de los últimos años, lo mismo los celebrados informes de las consultorías a Harvard y Attalí, y la Estrategia Nacional de Desarrollo.
Por suerte para el Gobierno, la personalidad del presidente Danilo Medina, con algunas acertadas disposiciones de austeridad y mejor manejo administrativo, y la concentración de la indignación hacia el ex presidente Leonel Fernández, han amortiguado el desgaste. Pero cuando comiencen a sentirse los efectos del paquete tributario, repercutirán directamente hacia Medina y su Gobierno.
Para recuperar la perdida credibilidad en las instituciones estatales se requiere mucho más medidas que reduzcan el dispendio, en niveles que el sistema partidista y político no parece en capacidad de entender. No aceptan ni que les pidan cuentas. Todavía muchos creen que Danilo Medina quiere hacer “lo que nunca se ha hecho”, aunque cada vez se teme más que no pueda. Le urge dar algunos palos contundentes a los repartos, barrilitos, cofrecitos, exoneraciones, altos salarios y pensiones, y suprimir organismos inútiles. Ni tanto que queme al santo, ni tampoco que no lo alumbre.
La negociación con el FMI
Temprano de la semana el ministro de Economía Temístocles Montás reconoció por Teleantillas que el siguiente desafío del Gobierno es lograr un acuerdo con el FMI que le facilite acceso a nuevo financiamiento, como cuestión esencial para mantener la ya precaria sostenibilidad de la economía nacional, consciente de que el organismo reclama elevación de la tarifa eléctrica para reducir margen del déficit fiscal.
Una misión del FMI llegó el lunes para recibir informaciones preliminares sobre la forma en que el Gobierno pretende reducir el déficit fiscal que este año alcanza el nivel descomunal de los 187 mil millones de pesos y conocer del proyecto de presupuesto de ingresos y gastos del 2013, cuyo borrador sería presentado al presidente Medina la próxima semana, con expectativa de llevarlo al Congreso antes de diciembre.
Una vez que este instrumento sea aprobado por el Congreso, lo que sería tan rápido como el parche tributario, es cuando el Gobierno presentará una carta de intención para formalizar negociaciones con el organismo internacional, lo cual el ministro Montás estimó que ocurriría ya en enero.
Pero en medio del rechazo general al nuevo parche tributario que frustró las expectativas de un pacto fiscal integral, la tasa cambiara pasaba la barrera de los 40 pesos por dólar, incrementando incertidumbres y recordando la urgencia de recursos financieros para mantener la estabilidad. Se contempla colocar entre mil y mi1 500 millones de dólares en bonos soberanos, aunque el reconocido economista José Luis de Ramón dijo esta semana en un coloquio organizado por la Cámara Americana de Comercio que el mantenimiento del tipo de cambio demandaría el próximo año contratar entre dos y tres mil millones de dólares.
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