El gobierno no ha sido receptivo a demandas del movimiento social
Los distintos gobiernos que han dirigido el Estado dominicano le han dado
continuidad y prevalencia a algunas de las estrategias utilizadas en la
dictadura trujillista para enfrentar las críticas y los movimientos sociales
como son el uso de la intimidación, difamación, persecución y espionaje.
Estas estrategias utilizadas en un Estado que se define democrático como el nuestro resultan altamente contradictorias.
El proceso de protestas y movilizaciones continuas en los últimos cuatro meses con un impacto significativo en la vida social de nuestro país se ha convertido en un referente internacional y nacional. Muestra una ciudadanía en proceso de empoderamiento que rechaza en forma contundente y sin violencia (como bien señala Miguel Ceara en un artículo anterior) el ejercicio de la corrupción y la ejecución de la reforma fiscal.
El gobierno actual presidido por el presidente Danilo Medina y el Partido de la Liberación Dominicana no ha sido receptivo a las demandas del movimiento social sino que por el contrario se ha manejado en forma ambivalente. Por un lado la indiferencia y silencio del mandatario y por el otro prácticas de espionaje y persecución hacia intelectuales, comunicadores/as sociales y dirigentes juveniles desde funcionarios de gobierno y dirigentes del PLD.
En el gobierno anterior presidido por Leonel Fernández se escenificaron situaciones de persecución y agresiones verbales contra varios/as periodistas (Nuria Piera, Alicia Ortega, Marino Zapete, Miguel Guerrero, Juan Bolívar Díaz, y otros…). Hoy se mantienen estas prácticas para algunos casos mencionados y se le agregan otros. Uno de ellos es la actitud agresiva y difamatoria del periodista y funcionario del gobierno en Relaciones Exteriores, César Medina contra la politóloga Olaya Dotel, que ha sido víctima de difamación, persecución y espionaje por él. El funcionario reconoció públicamente el manejo de informaciones privadas ofrecidas por organismos de inteligencia.
La situación contra Olaya se suma a otras persecuciones que se realizan contra la periodista Sara Pérez, dirigentes juveniles y otras personas vinculadas a los movimientos de protestas.
El manejo de la protesta como “delito” con la persecución, intimidación y espionaje de sus organizadores, así como la cancelación de empleados/as públicos/as que participan en las movilizaciones es una grave violación de la Constitución de la República y las leyes.
Estas violaciones de los derechos y de la Constitución ensombrecen al gobierno de Danilo Medina, contradiciendo su discurso democrático y de respeto al estado de derecho. Las actuaciones de los funcionarios de gobierno, organismos policiales y de inteligencia recaen bajo la instancia suprema de poder de la nación que es la Presidencia de la República.
Estas estrategias utilizadas en un Estado que se define democrático como el nuestro resultan altamente contradictorias.
El proceso de protestas y movilizaciones continuas en los últimos cuatro meses con un impacto significativo en la vida social de nuestro país se ha convertido en un referente internacional y nacional. Muestra una ciudadanía en proceso de empoderamiento que rechaza en forma contundente y sin violencia (como bien señala Miguel Ceara en un artículo anterior) el ejercicio de la corrupción y la ejecución de la reforma fiscal.
El gobierno actual presidido por el presidente Danilo Medina y el Partido de la Liberación Dominicana no ha sido receptivo a las demandas del movimiento social sino que por el contrario se ha manejado en forma ambivalente. Por un lado la indiferencia y silencio del mandatario y por el otro prácticas de espionaje y persecución hacia intelectuales, comunicadores/as sociales y dirigentes juveniles desde funcionarios de gobierno y dirigentes del PLD.
En el gobierno anterior presidido por Leonel Fernández se escenificaron situaciones de persecución y agresiones verbales contra varios/as periodistas (Nuria Piera, Alicia Ortega, Marino Zapete, Miguel Guerrero, Juan Bolívar Díaz, y otros…). Hoy se mantienen estas prácticas para algunos casos mencionados y se le agregan otros. Uno de ellos es la actitud agresiva y difamatoria del periodista y funcionario del gobierno en Relaciones Exteriores, César Medina contra la politóloga Olaya Dotel, que ha sido víctima de difamación, persecución y espionaje por él. El funcionario reconoció públicamente el manejo de informaciones privadas ofrecidas por organismos de inteligencia.
La situación contra Olaya se suma a otras persecuciones que se realizan contra la periodista Sara Pérez, dirigentes juveniles y otras personas vinculadas a los movimientos de protestas.
El manejo de la protesta como “delito” con la persecución, intimidación y espionaje de sus organizadores, así como la cancelación de empleados/as públicos/as que participan en las movilizaciones es una grave violación de la Constitución de la República y las leyes.
Estas violaciones de los derechos y de la Constitución ensombrecen al gobierno de Danilo Medina, contradiciendo su discurso democrático y de respeto al estado de derecho. Las actuaciones de los funcionarios de gobierno, organismos policiales y de inteligencia recaen bajo la instancia suprema de poder de la nación que es la Presidencia de la República.
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