El gobierno y su partido dan paso en escala de destrucción del PRD
El bochornoso espectáculo que el lunes pasado Miguel Vargas y sus acólitos
montaron en la sede PRD, en contubernio con los jefes de las facciones del PLD
que realmente cuentan que utilizaron la alta jefatura de la Policía para ese
fin, constituye una expresión de hasta dónde pueden llegar para defender los
intereses económico/políticos que a todos los une.
El bochorno se produce en el contexto de la denuncia de Sobeida Félix de que compañero sentimental le entregó a Vargas 300 mil dólares, como contribución a la campaña presidencial de éste en el 2008 y del inicio del año en que se aplicarán las medidas que incrementan la presión tributaria, plasmada en el paquetazo fiscal, además del eventual reinicio de las protestas contra esa aplicación y las demandas contra la impunidad y la corrupción, interrumpidas por las fiestas de fin de año.
En esa circunstancia el grupo de Vargas apresura el aberrante juicio contra Hipólito Mejía, Andrés Bautista y sobre todo contra Orlando Jorge y Geanilda Vázquez, por ser estos últimos, secretarios general y de organización, dos puestos claves para el funcionamiento institucional del partido. De carambola, el gobierno y su partido, además de quitarse presión, dan otro paso en la escala de destrucción del PRD, una vieja estrategia de la que participan otros sectores de la vida política y eclesial del país y a la que se han prestado Vargas y sus acólitos.
Cierto es, como dicen dirigentes del PRD, Miguel Vargas y sus acólitos no tiene los medios legales para validar la pretendida expulsión de los secretarios general y de organización, porque para ello tiene que convocar la Comisión Política, integrada por la lista de miembros legales elegidos en la última Convención del partido, que es la legal porque es la que está debidamente depositada en la junta electoral. De dicha lista el PRD real es mayoritario.
Pero, a esa cáfila política protegida por el gobierno no le interesa ninguna legalidad, le interesa seguir un contubernio que le produce cargos públicos, contratas y negocios con el gobierno. Es un pacto no escrito entre mafias políticas, donde el objetivo fundamental es la castración y/destrucción de un instrumento político que puede ser obstáculo para que estas sigan monopolizando todas las instancias del Estado.
Es cierto que las luchas fratricidas en el PRD vienen de lejos, pero nunca como ahora se había visto que una de las partes en pugna contara con el apoyo de un partido y un gobierno que les hayan sido adversos. En tal sentido, la vergüenza del pasado lunes obliga al sector mayoritario del PRD a radicalizarse, y vincularse con los diversos sectores que promueven las luchas contra los efectos del paquetazo, la impunidad, la corrupción; por un Estado de derecho y la alternancia en el poder, reglas de oro de la democracia.
Sólo así podrá vencerse el contubernio entre el gobierno y la cáfila enquistada en ese partido y derrotar la vieja pretensión de algunos sectores, de mantener fuera de toda posibilidad de poder al segmento social popular que se identifica con ese partido y a cualquier grupo político que pretenda representar a los excluidos de este país.
El bochorno se produce en el contexto de la denuncia de Sobeida Félix de que compañero sentimental le entregó a Vargas 300 mil dólares, como contribución a la campaña presidencial de éste en el 2008 y del inicio del año en que se aplicarán las medidas que incrementan la presión tributaria, plasmada en el paquetazo fiscal, además del eventual reinicio de las protestas contra esa aplicación y las demandas contra la impunidad y la corrupción, interrumpidas por las fiestas de fin de año.
En esa circunstancia el grupo de Vargas apresura el aberrante juicio contra Hipólito Mejía, Andrés Bautista y sobre todo contra Orlando Jorge y Geanilda Vázquez, por ser estos últimos, secretarios general y de organización, dos puestos claves para el funcionamiento institucional del partido. De carambola, el gobierno y su partido, además de quitarse presión, dan otro paso en la escala de destrucción del PRD, una vieja estrategia de la que participan otros sectores de la vida política y eclesial del país y a la que se han prestado Vargas y sus acólitos.
Cierto es, como dicen dirigentes del PRD, Miguel Vargas y sus acólitos no tiene los medios legales para validar la pretendida expulsión de los secretarios general y de organización, porque para ello tiene que convocar la Comisión Política, integrada por la lista de miembros legales elegidos en la última Convención del partido, que es la legal porque es la que está debidamente depositada en la junta electoral. De dicha lista el PRD real es mayoritario.
Pero, a esa cáfila política protegida por el gobierno no le interesa ninguna legalidad, le interesa seguir un contubernio que le produce cargos públicos, contratas y negocios con el gobierno. Es un pacto no escrito entre mafias políticas, donde el objetivo fundamental es la castración y/destrucción de un instrumento político que puede ser obstáculo para que estas sigan monopolizando todas las instancias del Estado.
Es cierto que las luchas fratricidas en el PRD vienen de lejos, pero nunca como ahora se había visto que una de las partes en pugna contara con el apoyo de un partido y un gobierno que les hayan sido adversos. En tal sentido, la vergüenza del pasado lunes obliga al sector mayoritario del PRD a radicalizarse, y vincularse con los diversos sectores que promueven las luchas contra los efectos del paquetazo, la impunidad, la corrupción; por un Estado de derecho y la alternancia en el poder, reglas de oro de la democracia.
Sólo así podrá vencerse el contubernio entre el gobierno y la cáfila enquistada en ese partido y derrotar la vieja pretensión de algunos sectores, de mantener fuera de toda posibilidad de poder al segmento social popular que se identifica con ese partido y a cualquier grupo político que pretenda representar a los excluidos de este país.
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