Disponen una disminución de la pena del incesto a una persona
¡Vamos, que se queda uno patidifuso! La pasada semana leí en la prensa que la
Cámara de Diputados dominicana –que salvo escasas y honrosas excepciones es una
vergüenza–, aprobó en primera lectura y a la ligera un nuevo e insensato Código
Penal.
En lugar de procurar la protección de los débiles: mujeres y criaturas de ambos sexos que apenas se asoman a la adolescencia, víctimas de estupradores y sádicos, estos “representantes del pueblo” favorecen a los criminales sexuales que, de hecho, disfrutan actualmente de una impunidad que ha venido creciendo y fortaleciéndose.
Veamos: Los diputados disponen una disminución de la pena del incesto a una persona. Disminuyen la pena contra el violador sexual que provoque la muerte de la víctima.
En caso de que una niña sea violada, estuprada y quede embarazada, será ella más culpable que el agresor y no podrá interrumpir el embarazo para salvar su vida, trágicamente atrapada en una obligatoriedad maternal que nunca habrá de cesar. El violador, estuprador o agresor tendrá una pena mínima.
Si el violador o estuprador es o ha sido novio o esposo, no tendrá ninguna sanción.
O sea, están defendiendo a los criminales.
Tal vez –si esto prospera– podrían estos diputados indignos proponer una legislación que exonere de culpa al ladrón que encuentra una ventana mal cerrada, entra en la vivienda, roba y hasta viola o asesina.
“Es que dejaron una ventana mal cerrada. Son los culpables”.
¿Es que estos diputados han descendido tanto en su responsabilidad moral que pasaron del antiguo “corroboro” que pronunciaban asueñados en sesiones de añejos Congresos, sin saber lo que aceptaban? “Eso es cosa de El Jefe”, decían, y levantaban la mano aprobatoria, actitud que hizo que mi padre, Bienvenido Gimbernard, nombrado Diputado, renunciara sorprendentemente con un discurso que recoge in extenso Jesús de Galíndez en su libro “La Era de Trujillo” (obra que le costó la vida por otras razones).
Mi padre habló en plena sesión de la deshonestidad de los diputados “que eran excesivamente pagados por una acción deshonesta”. Y renunció, causando un desconcierto extraordinario en la sala, ya que era norma que al ser nombrados, los diputados firmaran su renuncia “por lealtad al Jefe y al Partido Dominicano”. Mi padre se había negado a firmar el documento, así que Trujillo no tenía noticia de tal desasimiento y hubo pánico hasta que el dictador, al enterarse del insólito caso, autorizó a que se aceptara la renuncia.
Yo me pregunto: ¿No deberían renunciar todos, avergonzados?
En un reciente artículo, Tahira Vargas García –a quien no tengo el placer de conocer– dice que nuestros legisladores de ambos sexos, en vez de proteger y defender los derechos de la población más vulnerable: los niños y niñas, adolescentes y mujeres, “favorecen la impunidad y la reproducción de los círculos de violencia y agresión sexual que se viven cotidianamente”.
No hay esperanza.
El pudor y la decencia se han hundido en las pestilencias del utilitarismo soez.
En lugar de procurar la protección de los débiles: mujeres y criaturas de ambos sexos que apenas se asoman a la adolescencia, víctimas de estupradores y sádicos, estos “representantes del pueblo” favorecen a los criminales sexuales que, de hecho, disfrutan actualmente de una impunidad que ha venido creciendo y fortaleciéndose.
Veamos: Los diputados disponen una disminución de la pena del incesto a una persona. Disminuyen la pena contra el violador sexual que provoque la muerte de la víctima.
En caso de que una niña sea violada, estuprada y quede embarazada, será ella más culpable que el agresor y no podrá interrumpir el embarazo para salvar su vida, trágicamente atrapada en una obligatoriedad maternal que nunca habrá de cesar. El violador, estuprador o agresor tendrá una pena mínima.
Si el violador o estuprador es o ha sido novio o esposo, no tendrá ninguna sanción.
O sea, están defendiendo a los criminales.
Tal vez –si esto prospera– podrían estos diputados indignos proponer una legislación que exonere de culpa al ladrón que encuentra una ventana mal cerrada, entra en la vivienda, roba y hasta viola o asesina.
“Es que dejaron una ventana mal cerrada. Son los culpables”.
¿Es que estos diputados han descendido tanto en su responsabilidad moral que pasaron del antiguo “corroboro” que pronunciaban asueñados en sesiones de añejos Congresos, sin saber lo que aceptaban? “Eso es cosa de El Jefe”, decían, y levantaban la mano aprobatoria, actitud que hizo que mi padre, Bienvenido Gimbernard, nombrado Diputado, renunciara sorprendentemente con un discurso que recoge in extenso Jesús de Galíndez en su libro “La Era de Trujillo” (obra que le costó la vida por otras razones).
Mi padre habló en plena sesión de la deshonestidad de los diputados “que eran excesivamente pagados por una acción deshonesta”. Y renunció, causando un desconcierto extraordinario en la sala, ya que era norma que al ser nombrados, los diputados firmaran su renuncia “por lealtad al Jefe y al Partido Dominicano”. Mi padre se había negado a firmar el documento, así que Trujillo no tenía noticia de tal desasimiento y hubo pánico hasta que el dictador, al enterarse del insólito caso, autorizó a que se aceptara la renuncia.
Yo me pregunto: ¿No deberían renunciar todos, avergonzados?
En un reciente artículo, Tahira Vargas García –a quien no tengo el placer de conocer– dice que nuestros legisladores de ambos sexos, en vez de proteger y defender los derechos de la población más vulnerable: los niños y niñas, adolescentes y mujeres, “favorecen la impunidad y la reproducción de los círculos de violencia y agresión sexual que se viven cotidianamente”.
No hay esperanza.
El pudor y la decencia se han hundido en las pestilencias del utilitarismo soez.
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