Antes del más reciente aumento fiscal, los dominicanos aceptaban con pasividad de mártires sacar más dinero de sus bolsillos para cubrir déficits fiscales de los cuales ellos no son responsables y sí víctimas. A juzgar por las manifestaciones de finales del año pasado, cada vez son más los que cuestionan que los gobiernos de turno, en un acto de complicidad política que trasciende lo partidario, recurran a vaciar los bolsillos del pueblo antes de investigar, condenar y mediante incautación de bienes y otros mecanismos legales hacer que quienes sustrajeron el erario público lo repongan.
Nueva vez, un conjunto de movimientos sociales, organizaciones de la sociedad civil y personas sin filiación partidaria se han articulado alrededor de la lucha contra la corrupción y la impunidad. La consigna es válida en el sentido de que, contrario al señalamiento de algunos de que pudiera ser abstracta para un segmento de la población dominicana que tiene demandas urgentes de comida, agua potable, energía eléctrica, salud, educación, empleo, lo que se rechaza es la apropiación o robo de los recursos que los ciudadanos generan y que deben destinarse a las acciones encaminadas a darle respuestas a estas problemáticas.
El hecho de que en sus años de vida republicana en nuestro país no se haya resuelto de manera definitiva ni uno de los problemas fundamentales tiene que ver con el sistema económico al que se ha recurrido y no cabe duda que la corrupción tiene igualmente una cuota de responsabilidad. De modo que cuando se lucha contra ella y se exige el fin de la impunidad lo que se demanda es que el dinero producido en base a trabajo duro y esfuerzo no sea dilapidado por un grupito que llega a la administración pública con el objetivo de asaltar las arcas nacionales. Y que, de lograr su vil objetivo, reciba entonces el castigo merecido.
En parte, las expectativas en esta lucha fueron alimentadas por el mismo presidente Danilo Medina cuando, por ejemplo, en su discurso de toma de posesión, el 16 de agosto de 2012, dijo que “estaba decidido a ponerle fin a la impunidad en nuestro país, mediante la lucha contra la criminalidad y la corrupción” y que promovería en todas las instancias “la cultura de la legalidad y la transparencia”. Agregó que para actuar en este sentido bastaría hasta el rumor público.
Contrario a esta promesa, en su primer año de gobierno, pese a diversas denuncias y advertencias de corrupción e irregularidades en la administración pública hechas por comunicadores, medios y entidades, que en muchos casos trascienden el rumor y entran en el plano de la argumentación mediante elementos que pudieran servir de pruebas, no se percibe hasta el momento voluntad política de castigar este flagelo.
Hacer frente a un sistema de corrupción clientelar conlleva perjudicar y enfrentarse a sectores importantes de poder del propio partido, de los aliados y de sectores privados. Pero es importante que el presidente Medina sepa que, así como con tal acto de valentía se ganará enemigos, también encontrará quienes lo respalden y estén dispuestos a defender la intención de hacer “lo que nunca se hizo” en el combate a la corrupción y la impunidad.
El camino está trazado y no se trata de invocar una vez más el “borrón y cuenta nueva” que permitió, por ejemplo, que los remanentes del trujillismo se reciclaran en el poder. De lo que se trata es de condenar a los corruptos de hoy para prevenir los desfalcos de mañana, porque las piedras que no tiramos hacia atrás nos impiden avanzar hacia adelante.
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