En un comunicado emitido por la organización explican que tanto la investigación realizada por la Comisión Especial de la Cámara de Diputados como la destitución de José Ángel Aquino de la coordinación de la Comisión de Oficialías del Registro Civil, confirman que la Junta “tiene escasa existencia como organismo colegiado y democrático, y en el cual se consolida el autoritarismo y el silencio con posibles consecuencias imprevisibles y nefastas para el país”.
Los miembros de la organización consideran que la autonomía con que cuenta la JCE y su carácter de órgano constitucional, no le exonera del cumplimiento de las leyes, “como parecería indicar su actitud de no querer someterse a la Constitución y a las leyes que norman la transparencia, las compras y contrataciones públicas y el manejo financiero de los organismos del Estado”.
Recordaron que la prensa dominicana ha denunciado recientemente que la JCE ha gastado más de dos veces lo que tenía proyectado desembolsar este año en viáticos y gastos de representación, y para agravar, acaba de anunciar que proseguirá con el proyecto de sustitución de la cédula de identidad a pesar de que no se encuentra presupuestado para este año”, agregó la organización en su comunicado.
Indicó PC que, la JCE viola impunemente la Constitución de la República que establece que “ninguna erogación de fondos públicos será válida si no estuviera autorizada por la ley”, y la Ley Orgánica de Presupuesto No. 423-06 que dispone que “las apropiaciones aprobadas por el Congreso de la República constituyen el límite máximo de gasto, sujeto a la disponibilidad efectiva de los ingresos estimados”. Esta última ley señala expresamente que la misma se aplica a las instituciones descentralizadas y autónomas no financieras, como lo es la JCE, que, sin embargo, pretende ejecutar un proyecto multimillonario para el cual el Congreso Nacional no ha aprobado ni recursos ni préstamos.
Además, PC advirtió que mientras esto ocurre en la JCE, el Congreso Nacional hace caso omiso a su obligación constitucional de fiscalización y control, permitiendo que su autoridad y credibilidad ante la Nación se erosione más, “porque se irrespetan en sus propias narices las leyes que aprueba, sin hacer nada al respecto”.
El movimiento cívico apartidista manifestó que no se trata solamente de un tema de transparencia en el manejo de los recursos públicos o de institucionalidad en el cumplimiento de las leyes, sino que va mucho más lejos, ya que, para poder organizar elecciones con un mínimo de credibilidad, la Junta Central Electoral debe actuar con absoluta independencia e imparcialidad, y no cabe duda de que la credibilidad del organismo electoral se ha venido degradando hasta tal punto que ahora se cuestiona si vale la pena asistir u observar unas elecciones en estas condiciones.
Participación Ciudadana recordó los ataques infundados que dirigió la JCE contra sus observadores en las pasadas elecciones, y de los cuales José Ángel Aquino fue parte, apoyando al presidente de la JCE. Sin embargo, aclaró que no se trata de asuntos personales sino institucionales y la institución hace votos por que el organismo electoral recupere su capacidad de disidencia interna, dentro de un espíritu de crítica sana y constructiva, que ahora está claramente censurado bajo pena de juicio político y destitución, afirman.
Advirtieron que para que exista una verdadera democracia la ropa sucia debe ser lavada de cara a la Nación, ya que, si lo que se busca es no afectar la imagen del organismo electoral como garante de la identidad y la democracia, la única alternativa es una actuación estrictamente apegada a las normas constitucionales y la legislación nacional.
Servicio de Acento.com.do
No hay comentarios.:
Publicar un comentario
Déjenos saber sus comentarios bajo la etiqueta de Anónimo, no olvide su nombre y su correo electrónico al final del mismo. Sin nombre y sin correo electrónico no publicaremos comentarios. Absténgase de comentarios ofensivos e inapropiados.
El Administrador.